Un reglamento autoriza a delinquir: Suprema Corte

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sostiene la constitucionalidad de un reglamento administrativo que faculta para autorizar juegos de azar y la intervención de un licenciado en derecho, Senador que sube a Tribuna para sostener un fundamento constitucional derogado hace muchos años, puso en crisis jurídica a este escribidor. ¿En que Constitución estudié? ...
Desde luego para el amable lector el aprendizaje del derecho de este incómodo escribidor debe ser una de las muchomil cosas que le importen poco menos que una pura y dos con sal. ¡Qué se le va a hacer!. Lo que puede revestir un poquito, no mucho, mas interés, es la ignorancia supina que de él (del Derecho, no del escribidor) tienen algunos senadores de la república, como Ricardo Monreal, por poner un supino ejemplo (la verdad no se que significa supino, pero suena como adjetivo descalificativo) o la que parece exhibir la Suprema Corte de Justicia, aunque lo correcto sería decir, como decía el maestro Ernesto Gutiérrez y González, la ignorancia jurídica que parecen exhibir algunos ministros de la Suprema Corte. Aunque pensándolo bien, para no incurrir en alguna injuria, desacato o difamación, habrá que decir que la mayoría de los ministros como aplicadores de la ley son extraordinarios improvisadores, creativos y heterodoxos.
La resolución de la mayoría de los ministros de la Corte considerando legales los juegos de azar y la intervención en tribuna del legislador Monreal, hablando de la carestía de la tortilla y de paso torteando al Derecho, son tan a-jurídicas que hasta un tinterillo de provincia como su servidor pudo percatarse. Si la mollera no me falla y la paciencia del lector me alcanza, en sesenta líneas mas habré de explicarme,(como quiera ya llevo veinticinco).
Cuando hace muchos lustros cursaba la carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM, la esencia de muchos grandes juristas cuyos espíritus deambulaban por los corredores y salones y la presencia de otros no menos grandes como Don Luis Recaséns Siches, Don Ignacio Galindo Garfias, Don Andrés Serra Rojas, Don Fernando Castellanos Tena, Don Ignacio Burgoa Orihuela, Don Rafael Rojina Villegas, Don Alfonso Nava Negrete, Don Guillermo Colín Sánchez, Don Alberto Trueba Urbina, Don Rafael Preciado Hernández, Don Héctor Fix Zamudio, Don Fausto Vallado Berrón, Don Héctor González Uribe, Don Raúl Ortiz Urquidi y muchos mas con los que tuve la oportunidad de figurar como alumno, despertaban la emoción, cuando no la pasión por el Derecho y por su fin último: la Justicia. Ya ha llovido mucho y lamento profundamente que los que tratamos de emular a aquellos grandes juristas en la cátedra, no logramos despertar en los alumnos ya no digamos el interés, ni siquiera la curiosidad. El aprendizaje del Derecho se sustituye en las universidades, si bien nos va, por el conocimiento de las leyes. Bien dijo y habrá de seguir diciendo Adolfo Rodellar Lisa: ¡Ay de vosotros, abogados!. Y bien decía mi maestro Don Ignacio Galindo Garfias: "Para aprender leyes, te compras un código, la Universidad debe darte criterio jurídico".
Basta de lamentaciones, que podría parecerme a Boabdil que al llorar la pérdida de Granada hubo también de lamentar el escarnio de Aixa, su madre: "Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre". Asumo mi responsabilidad y a otra cosa, mariposa.
En días pasado dentro de toda esta catástrofe mayúscula que es el descontrol del precio de la tortilla y con ello el alza generalizada de los precios, y que como piedra de toque, empieza a poner en duda la entereza y la eficacia presidenciales, el señor senador Ricardo Monreal Ávila, licenciado en derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas subió a tribuna para proponer que se aplicara la legislación penal a los acaparadores y encarecedores del maíz, citando los artículos pertinentes del Código respectivo, agregando con aire de docto jurista, que dividiendo el máximo de la pena aplicable entre el mínimo, el término medio aritmético resultante (el cociente digo yo), era superior a cinco años y como cualquier aprendiz de abogado debería saber, el delito no alcanzaría fianza. El señor senador, que no señor abogado, tenía razón: cualquier aprendiz...porque cualquier abogado sabe, que ese criterio para determinar los delitos que alcanzan fianza, desapareció hace varios años de la Constitución, sustituyéndose por el criterio de delitos graves. Lo que no sé, es si cualquier senador debería conocer la ley, lo que si creo es que cualquier senador que suba a tribuna debería conocer de lo que habla, o si no todo, al menos sí, conocer la Constitución. ¿Sería mucho pedir?.
Debo reconocer que no conozco de pe a pa, la resolución de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que consideró que el reglamento administrativo que expidió la Secretaría de Gobernación para regular los juegos prohibidos por la ley no es inconstitucional. Conozco el fondo y conozco las explicaciones (no me atrevo a llamarles razones) que algunos de los ministros integrantes de la mayoría que resolvió la constitucionalidad del reglamento, expusieron, y es bastante. Para un aficionado al Derecho, para un aprendiz perenne como el suscrito, estas resoluciones son de las que lo ponen en crisis. Cuando uno cree conocer algo, ¡Sopas! y como Sócrates, uno tiene que decir ¡Sólo se que no se nada!.
¡No sean ingratos! ¡Por compasión para un lego que creía conocer algo de Derecho, díganme! ¿Dónde se aprende el Derecho que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte aplican?. ¿Cómo es posible que se reglamente un delito? ¿Cómo se hace para regular jurídicamente lo que por creación de la ley es antijurídico?. ¿Cómo es posible que se afirme como afirmó una de las señoras ministras de la Corte que "pesó mucho la tradición, pesó mucho el hecho de que todo el pueblo esté esperando el evento de la feria regional"? ¿Y uno que pensaba que se trataba de un tribunal de Derecho? ¿El máximo tribunal de Derecho de la Nación?.
Pensar que toda una vida me pasé creyéndole a José María Lozano, creyéndole a Ignacio Vallarta, creyéndole a Felipe Tena Ramírez, creyéndole a Ignacio Burgoa Orihuela, bueno, hasta a Jorge Carpizo MacGregor le creía (tratándose solo de cuestiones constitucionales). Pensar que siempre creí en la supremacía constitucional y derivada de la norma suprema toda una estructura que Adolfo Merkl bautizó y popularizó Hans Kelsen como la "pirámide jurídica". Ahora resulta que un reglamento administrativo se encuentra por encima de la ley, pero no de cualquier ley, ¡de una ley penal!, ¡ahora un reglamento administrativo puede autorizar que se cometan delitos y la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia dicen que es correcto! ...
Como dicen los jóvenes ahora: "Me cai que ya no entiendo nada".