La nueva justicia penal ¿Cuál es la prisa?

 

(Los muertos que vos matáis gozan de buena salud.- Contra viento y marea, helicópteros, sementales, cipoles y softwares, parece que el ingeniero Gabriel Arellano Espinosa será el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del estado. Apenas hace unos meses en una votación “curiosa”, los panistas se abstuvieron, el expresidente municipal fue librado de un juicio político y ahora, según los diceres encabezará su partido en el congreso. Cosas veredes, mío Cid.)

Nadie vende pan frío, cada viejito alaba su bastón, cada maestrito tiene su librito, son refranes que muestran como, finalmente, el uso o la costumbre hacen que uno se avenga a un cierto estado de cosas y que el cambio resulte más o menos incómodo. Un par de viejos zapatos perfectamente ahormados siempre resulta mas confortable que un nuevo par, por suave que sea su piel. Con las leyes no es la excepción. Así como existe una inercia que se aplica a los fenómenos físicos, que si mal no recuerdo, nuestro magnífico maestro de física, química, matemáticas y música, Hercilio Torres Manzo, en la secundaria federal ES-343-1, ahora denominada General Benito Juárez, decía era la tendencia de los cuerpos a conservar el estado de reposo o de movimiento, también existe una inercia social que hace que las comunidades tiendan a mantener un estado de cosas y la inercia social hace que se vean con recelo los cambios.
La justicia penal en nuestro país arrastra una serie de vicios que provienen, algunos, de un diseño antiguo, otros, de la incapacidad para adaptarse a nuevas condiciones sociales, unos más, de la indolencia del mexicano y muchos de la corrupción endémica que sufrimos en este país y como decía mi amigo el catarrín: “El que esté libre de cruda que invite la primera ronda”. No necesariamente el cambio de paradigmas va a dar como consecuencia una “justicia” más justa (si vale la expresión). El ejemplo lo tenemos en Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas, que al decir del licenciado Felipe Borrego, presidente de la comisión federal para la implantación del nuevo sistema de justicia penal, han tenido que volver a diseñar y hacer ajustes a su sistema de impartición que se apresuraron a cambiar al poco tiempo de las reformas constitucionales.
(SEIS MESES DE INTELIGENCIA.- Si la Secretaría de Marina requirió seis meses para ubicar a un capo y destruirlo, en los próximos dos años de gobierno del presidente Calderón podremos esperar la destrucción de otros cuatro capos a cargo de la Marina. Probablemente el ejército y la policía federal podrán destruir algunos más, y mientras tanto seguiremos marcando records de mas “ejecuciones”. ¿Seguimos ganado la guerra? O de plano necesitamos revisar la estrategia.)
En un trabajo de Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza se citan estadísticas preocupantes: El 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; el 99 % de los delincuentes no terminan condenados; el 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 80% de los mexicanos cree que se puede sobornar a los jueces; 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen; 40% de los presos no han recibido una sentencia condenatoria. El 80% de los detenidos nunca habló con el juez que lo condenó. Estos datos referidos a 2007 fueron de los que sirvieron de base para la reforma penal que supone básicamente transformar el procedimiento inquisitorio en un procedimiento acusatorio, que algunos señalan como fundamentalmente garantista siguiendo la terminología de Luigi Ferrajoli, aunque a otros les gustaría que se orientara hacia la doctrina penal del enemigo de Günter Jacobs.
A mitad del presente año el ejecutivo federal hizo un balance de la instrumentación de la reforma -en 7 entidades está en vigor, en 2 hay una fecha para ella y en más de 50% se trabaja para ese fin-, instó a los gobernadores a aprovechar la presencia temporal del Ejército y les demandó acelerar el paso en su instrumentación y en reconstruir su institucionalidad. Aguascalientes es, según se dice de los más atrasados en la implementación de la reforma.
Pero, vamos a ver, ¿Cuál es la prisa? La reforma constitucional que establece las modificaciones que dan lugar al “nuevo” sistema de justicia pena establecieron un plazo de ocho años para que los estados adecuen su legislación. Como el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 nos queda todavía hasta mediados del 2016 para adecuar nuestras instituciones. Hay que señalar que en Aguascalientes ya contamos con una legislación penal de avanzada, que se orienta en las tendencias de la nueva dogmática penal y que no obstante ha sufrido reformas retrógradas en los pocos años de su vigencia. Contamos también con una legislación de justicia para adolescentes que a tiro y tirón logró aprobar el congreso, y tenemos que, mal que bien las universidades locales han incorporado a su pensum, las reformas constitucionales y prácticas de juicios simulados, algunas incluso, han creado salas de juicios orales.
Hay un factor adicional que no puede soslayarse, el gobierno federal sólo proporciona apoyos para turismo cultural y para preparación y capacitación de personal, pero no lo hace para infraestructura. En San Luis Potosí, la Universidad Autónoma ha creado una sala para simulación de juicios orales con todas las innovaciones que suponen necesarias, que incluso hacen ver pequeñas a las dispendiosos del estado de México, y le costó la friolera de 20 millones de pesos, de manera que si tenemos que transformar nuestros juzgados con el modelo potosino o mexiquense habría que invertir una cantidad considerable.

Algunos estudiosos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Ciencias Penales, han mostrado su preocupación de que la legislación de las entidades y su reglamentación modifiquen importantemente el espíritu de las reformas y abonan a la reflexión y a la prudencia en su implementación. En resumen, tenemos tiempo, no tenemos dinero, se ha avanzado en la legislación y en la enseñanza, podemos evaluar los resultados en otros estados antes de tomar una determinación ¿Cuál es la prisa?.

(El Héroe de Nacozari.- El pasado 7 se conmemoró un aniversario luctuoso mas del héroe civil, Jesús García Corona, que sacrificó su vida para poner a salvo a la población de Nacozari, Sonora, ante la explosión inminente de la dinamita que transportaba en el convoy el convoy ferroviario que tripulaba, y en el que había estallado un incendio. Quizás porque los ferrocarriles se han alejado de nuestra vida diaria, la ceremonia ha disminuido de tono, pero su gesta sigue siendo ejemplo de valor cívico y de espíritu de sacrificio.)