"Mas vale que la gente no sepa como se hacen dos cosas: las leyes y las salchichas" Otto Von Bismark
(Fueros y refueros.- Mientras en el mundo se debate la conveniencia o no de conservar los fueros para los funcionarios, en el Congreso del Estado trascendió que algún despistado dejó como herencia una iniciativa para dar fuero hasta al Comandante J. Guadalupe Esparza. La iniciativa se coló hasta el proyecto de reformas a la Constitución estatal que por estos días se debatirá. Pero al parecer ya le sacaron tarjeta roja).
La invitación de los diputados permite asomarse a los procesos legislativos, pero fundamentalmente constituye un ejercicio democrático en el que se escucha directamente a los representantes de sectores especializados que tendrán que ver con la aplicación de la ley propuesta. De hecho en un sistema republicano representativo como el nuestro, los diputados son representantes populares depositarios de la voluntad de la ciudadanía, ya que resulta prácticamente imposible que pudiera operar un sistema de gobierno de democracia directa, sin embargo la apertura para que en determinadas áreas pueda conocerse la opinión de sectores especializados enriquece el proyecto y da más elementos a los legisladores para evaluar la iniciativa de ley.
La primera pregunta que uno puede formularse es si es necesaria una nueva ley de catastro. Siempre es deseable, como dice el profesor Alberto Fanjul, que la ley sea estable pero no estática, si se requieren adecuaciones deben realizarse, si se requiere modificarse íntegramente, habrá que hacerlo. Es precisamente el Congreso la caja de resonancia social en donde deben valorarse las necesidades de la comunidad y las necesidades del gobierno, con objeto de armonizar en lo posible las necesidades de una y otro. Creo que fue Max Weber quien definió la política como "el arte de lo posible". Aunque teóricamente esa armonía podría lograrse, prácticamente es muy complicado, la diversidad de intereses, los diferentes grupos que integran la comunidad, la pluralidad de formaciones, las diferentes ideologías, etc., muestran que no podrá lograrse unanimidad pero si intentar unificar el mayor número de voluntades.
(La sucesión en el PRD.- Parece que al paisano y tocayo se le está haciendo bolas el engrudo. Los pactos y amarres que lo llevaron a la presidencia del sol azteca, así he oído que le dicen los politólogos, parece que se están convirtiendo en nudos ciegos. Las alianzas forzadas con el PAN, la división interna y la “piedrota” en el zapato que el López Obrador, no auguran buenos tiempos para Chucho Ortega, a quien se le agota el tiempo.)
Como es sabido el catastro es un registro de bienes inmuebles para efectos administrativos, específicamente fiscales. Entre otros aspectos debe establecer los valores de esos bienes y para ello requiere establecer las políticas y metodologías para deteminar los valores unitarios por metro de terreno y por metro de construcción, tomando en cuenta criterios objetivos tales como ubicación, tamaño, forma, tipo de materiales, antigüedad, etc.. Fijar valores confiables, reales, es el punto de partida para una política fiscal justa y equitativa. A nadie nos gusta, pero todos estamos de acuerdo en la necesidad de pagar impuestos, pero menos nos gusta cuando intuímos o conocemos que los criterios no son correctos.
Los argumentos que se esgrimen en favor de la necesidad de una nueva ley, parten de que desde 1993 no se ha hecho una revisión general de los valores de la propiedad raíz, lo que ha propiciado que, por una parte los valores consignados entonces, no reflejan la realidad económica actual, y por otra que especialmente los fraccionamientos populares recientes si consignan valores comerciales, por lo que se presenta el hecho de que algunos sectores de la superficie citadina tienen valores reales o cercanos a los reales, en tanto que otros, especialmente el centro y las colonias residenciales tienen valores catastrales alejados de la realidad.
En realidad se trata de dos temas interrelacionados: uno la determinación de valores y dos, con base en los valores la fijación de las tasas para el pago del impuesto a la propiedad raíz. Aunque conexos, los dos temas pueden y en mi concepto deben abordarse de manera separada, la determinación de valores es una actividad profesional, eminentemente técnica, para la que la Dirección general de Profesiones otorga “cédula” con efectos de patente para su ejercicio. La segunda es una función eminentemente política: de política económica y de política fiscal, que la Constitución de la república encomienda a los Ayuntamientos y a los Congresos de las entidades federativas.
En el proyecto de ley, generado a raíz de una vieja propuesta (más de diez años) del Colegio de Notarios, se propone transformar la Dirección de Catastro en un Instituto desconcentrado (la propuesta era que fuera descentralizado), dotado de autonomía técnica para su función. Es plausible el esfuerzo del Congreso para transparentar su actuación y es encomiable el proyecto de ley, en mi opinión, hace falta afinar la regulación propuesta porque parece que se pudiera interferir con las facultades que la Constitución de la república confiere a los Ayuntamientos. Nada que no pueda resolverse con buena voluntad y buena disposición, que me parece que en el gobierno actual, se dan por descontadas.
(Menores infractores.- Interesantes los comentarios del senador Felipe González en el sentido de que a los menores que cometan delitos graves, se les castigue como adultos. No importa la edad, dice, sino la gravedad del hecho. Interesante pero… no prosperará. México tiene suscritos convenios internacionales en materia de justicia para adolescentes que nos constriñen. El camino parece que debe andar por otros rumbos: educación y empleo.)
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