El culpable es el juez
Desde hace muchos meses el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridad máxima en materia electoral se encuentra incompleto porque el Senado de la República no ha nombrado los integrantes que le faltan, sólo hay cinco de los siete que lo deben integrar. No obstante las exhortaciones, solicitudes y reclamos el Senado no ha cumplido con esa obligación, aunque los partidos de oposición han exigido que se proceda al nombramiento, la directiva de los senadores no ha hecho la convocatoria. No es dificil concluir que tras esa moratoria se encuentra la voluntad presidencial. El supuesto es que es más fácil tratar con los actuales que enzarzarse en la elección de los nuevos.
La regulación interna del Tribunal prevee que a efectos de poder resolver asuntos urgentes se pueda llamar a integrar en ausencias temporales de los magistrados, a los decanos de los Tribunales regionales, con objeto de completar el quórum legal para los acuerdos.
Una asociación civil acreditanto su interés promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno en Materia Administrativa señalando como acto reclamada la no integración del Tribunal Electoral y por lo tanto su incapacidad para resolver sobre la integración de las bancadas de acuerdo con el principio de representación proporcional, lo que ya ha provocado conflictos en la cámara de diputados por la sobrerrepresentación que en principio tiene Morena, con el 48% de los votos tendrá alrededor de 70% de los diputados.
El Juez Noveno admitió la demanda y dictó una medida precautoria, ordena al Tribunal integrarse antes de resolver las controversias electorales acudiendo al procedimiento de llamar integrantes de las salas regionales.
La reacción ha sido política y no jurídica. El Tribunal alega que siendo la máxima autoridad judicial en materia electoral no puede estar sometido a la decisión de un juzgado de distrito. La respuesta jurídica debió ser la interposición de una queja ante el superior del juez. Por el contrario sobrerreaccionó y en lugar de utilizar el recurso legal, se habló de una denuncia penal.
Por otra parte la Secretaria de Gobernación en una total desmesura soportada en su ignorancia, inexperiencia y total sumisión al presidente, habló de iniciar un juicio político contra el juez, lo que carece de cualquier fundamentación legal.
El asunto es de todo punto interesante y plantea cuestionamientos jurídicos de gravedad. El juez consideró a toro pasado, que se planteó tres opciones para resolver en la suspensión: ordenar al Senado que nombrara a los magistrados faltantes lo que dejaría sin materia el amparo, porque estaría resolviendo el fondo en la suspensión; ordenar que el Tribunal actuara con sólo cinco integrantes lo que estaría violando una disposición expresa de la ley; la tercera, aplicar analógicamente la disposición que permite integrarse con los magistrados decanos para completar el quórum y ordenar al Tribunal que se integre para resolver las cuestiones electorales en tanto el Senado no designe a los integrantes faltantes.
La cuestión legal es muy interesante y muy de fondo. La integración del Tribunal es materia orgánica administrativa o es materia electoral. Ordenar que proceda a su integración a efecto de que pueda cumplir su función es una invasión en su competencia o es coadyuvar para que el Tribunal se integre ya que expresamente no existe una disposición que le permita autointegrarse en la ausencia definitiva de magistrados.
Evidentemte una resolución judicial, cualquiera que sea, que tenga la posibilidad de ser recurrida no crea una situación jurídica concreta y menos aún de imposible resolución. Concluir que una decisión de un juez de Distrito que tiende a la protección de Derechos Fundamentales y que en todo caso coadyuva al cumplimiento de las funciones del Tribunal sea una conducta que amerite el reproche penal o de juicio político, es, a todas luces, una desmesura.
Lamentablemente esto, una vez más, deja claro que los gobiernos de la 4T el de AMLO y el futuro de CSP, que ya secundó la denuncia contra el juez, no admiten que nadie, cuestionen sus decisiones, así sea la Suprema Corte, menos un Juez de Distrito.
Anticipo que el caso,de sancionar al juez, llegará al Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos y que el estado mexicano volverá a ser condenado por la violación de Derechos Fundamentales.
Al tiempo.